La Constitución de 1978 ha permitido el periodo más largo de democracia en la historia de nuestro país gracias al amplio consenso político y social con el que nació. La plena conciencia de un pasado trágico, estigmatizado por la guerra fratricida y la dictadura, y por la lamentable historia del constitucionalismo español, incapaz de consolidar un proyecto político común, presidió la actitud de los protagonistas de la transición conscientes de no repetir los errores del pasado.
El deseo de democracia y libertad prevaleció entre el final de la dictadura y los efectos de una grave crisis económica, reflejo de la crisis mundial del petróleo de 1973, que nuestro país no atendió a tiempo más preocupado por el ocaso del dictador. El consenso fue la fórmula para superar la difícil situación.
La Constitución consagra un estado social de derecho, pero esa garantía se ha visto amenazada por la crisis que golpea a la sociedad durante los últimos tiempos. La población observa cómo se ven afectados derechos básicos; la sanidad, la educación o el trabajo, han sufrido recortes que impactan sobre la vida de los ciudadanos.
Mientras que el bien público y la libertad se perciben sometidos frente al poder económico, las instituciones se deterioran en un clima de desconfianza general alentado por la corrupción. Además, el embate independentista y la reciente fragmentación política, nos colocan ante un escenario nuevo.
La aplicación del 155, con medidas extraordinarias para garantizar el orden constitucional, nos ha llevado a un nuevo límite. Por su parte, la estabilidad parlamentaria se ve afectada por la entrada de nuevos partidos que cambian el equilibrio de fuerzas.
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